La Unión Obrera Metalúrgica se sumó a la marcha del viernes al Congreso, convocada por organizaciones sociales en reclamo de la declaración de la emergencia social y laboral. Así lo confirmó Antonio Caló. “Vamos a movilizarnos para expresar nuestro descontento con la situación económica, contra las suspensiones y los despidos”, señaló el titular de los metalúrgicos. 
Caló advirtió que en los últimos diez meses hubo 7 mil despidos y más de 13 mil suspensiones en la industria metalúrgica, “con el agravante de que ahora el Gobierno puso sobre el tapete que no se van a fabricar más computadoras en el país”, lo que pone en peligro otras 4 mil fuentes de empleo del sector en el rubro informático. 
“Si bajan los aranceles” de importación de las computadoras “a cero es directamente decretar el cierre de las fábricas. Nosotros ya vivimos los ‘90 y no vamos a permitir quedarnos sin industrias”, agregó. 
La marcha del viernes recibirá mañana otro un fuerte empujón por parte del triunvirato que conduce la CGT, que dará una conferencia de prensa en la sede de la central acompañando a los dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. 
El proyecto de declaración de la emergencia social, que establece un aumento del 15 por ciento para las asignaciones sociales por el término de un año y dispone la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo a través de la unificación de los programas sociales, reunió el apoyo de todos los bloques opositores. Por esto podría conseguir antes de fin de año la media sanción en el Senado.
El tiempo les juega en contra a sus impulsores, debido a que las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, los dirigentes sociales y sindicales de la CGT apuestan a meter presión con la marcha para que el proyecto se convierta en ley: prometen para esto 200 mil personas en la calle. “Nosotros nos jugamos a que el Senado le dé media sanción. Si la hay, podría seguir un pronto tratamiento en Diputados, incluso una autoconvocatoria del Congreso para sancionar la ley este año”, dijo a PáginaI12 Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. 
En el Gobierno ya dejaron trascender que, de ser aprobado el proyecto, el Presidente vetaría la ley.  
De manera simultánea al tratamiento de la emergencia en el Congreso, donde el proyecto ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, las organizaciones sociales y la CGT, con el apoyo de la Pastoral Social de la Iglesia, vienen impulsando proyectos similares en las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes, para extender el clima de opinión en su respaldo.