Los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani apelarán mañana ante la Cámara Federal de Bahía Blanca la falta de mérito que el abogado Claudio Pontet, recusado como juez ad hoc por no ofrecer garantías de imparcialidad para actuar en causas por delitos de lesa humanidad, dictó a favor del empresario Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia. La cámara bahiense y el Consejo de la Magistratura recibieron en diciembre la recusación y el pedido de nulidad de la designación de Pontet, respectivamente, sobre los que nunca se pronunciaron. Los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca repudiaron ayer la resolución y señalaron que Pontet utilizó “argumentos que sólo pueden ser aceptados por alguien que busca la impunidad de Massot”. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que nuclea a los dueños de los diarios, destacó “la importancia” de la resolución y consideró que la causa es un ejemplo del “acoso a la prensa que se ha mantenido reacia a la prepotencia de gobiernos que han procurado sin éxito someterla”.

“El fallo cierra la maniobra que veníamos denunciando hace más de seis meses sobre la reacción de la corporación judicial bahiense para frenar el avance de las causas donde se investigan las responsabilidades civiles durante la dictadura”, explicó Nebbia. “Esa maniobra se materializó mediante el escrito presentado por el secretario (Mario) Fernández Moreno, que permitió a la pasiva defensa de Massot recusar en una carilla al juez Alvaro Coleffi, luego de que la cámara designara a un abogado de la matrícula y, finalmente, que estando Pontet doblemente cuestionado se pronunciara sobre el fondo de la causa”, recordó. Tal como informó Página/12, Fernández Moreno no denunció nada: sólo escribió que le producía “violencia moral y anímica” las reuniones del juez con los fiscales pese a que se hacían en su despacho, en horario judicial, a la vista de los empleados, anunciándose en mesa de entradas y de las que él mismo participó, un original modo de sembrar sospechas a partir de actos lícitos y habituales para prepararle el terreno al defensor formal de Massot, que hasta entonces no tenía ningún argumento para recusar a Coleffi.

Pontet fue elegido por sorteo de una lista de abogados. Los fiscales pidieron la nulidad del nombramiento como juez ad hoc por contrariar la ley que establece que en caso de subrogancia prolongada debe ser el Consejo de la Magistratura el encargado de la designación, y lo recusaron en base a antecedentes que invitaban a dudar de su imparcialidad: fue compañero de trabajo de la imputada Gloria Girotti, fue durante ocho años asesor del municipio bahiense, desde donde benefició a Massot con una pauta de publicidad desproporcionada respecto del resto de los medios locales, y defiende a su tío ginecólogo Jorge Rubén Pontet, acusado por un joven nacido en 1976 de haber intervenido en su venta cuando era un bebé.

La recusación se presentó el 18 de diciembre, la cámara debió pronunciarse en 48 horas, pero nunca lo hizo. “El hecho de no haberse pronunciado lleva a esta situación de gravedad. Pontet con su escrito está presionando a la cámara para que rechace la recusación y lo confirme en la causa”, explicó Nebbia, y recordó que el tribunal bahiense tampoco se pronunció sobre el pedido de apartamiento de Santiago Ulpiano Martínez, otro secretario que como juez subrogante benefició a todos los imputados civiles y que trabaja en tándem con Fernández Moreno.

Consultado sobre el contenido de la resolución de Pontet, el fiscal reflexionó que “parece que estuviéramos hablando de diarios y de personajes distintos”. “Pontet en ningún momento se hace cargo de los cientos de editoriales que llaman a ‘aniquilar a la subversión’, a ‘erradicar de raíz el flagelo de la subversión’ o a la ‘sovietización’ de sus empleados. Hace una original lectura según la cual La Nueva Provincia hasta reclamó legalidad y juzgamiento de los crímenes”, contó Nebbia. “Hace una lectura parcial y sesgada del cúmulo probatorio, que es contundente y abundante, y que demuestra que Massot mintió varias veces al decir que no conocía a Heinrich y Loyola (los obreros gráficos asesinados) cuando de las actas surge que más de una madrugada negoció con ellos frente a frente, o que no estuvo en el diario en 1976 cuando figura cobrando en persona su sueldo como editorialista”, destacó.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos bahiense junto con la agrupación H.I.J.O.S. repudiaron la falta de mérito dictada por Pontet. Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH y sobreviviente del centro clandestino La Escuelita, que funcionó en el Cuerpo V de Ejército, señaló que Pontet “es un juez ad hoc que no está confirmado, cuya situación como mínimo es irregular y como máximo ilegal, porque su designación está apelada justamente porque no cumple con lo que establece la ley de subrogancia”. “Esto tiene una gravedad increíble”, advirtió Hidalgo, y lamentó que “todo lo que avalaron los fiscales Nebbia y Palazzani con un cuerpo probatorio enorme no sirve, los fiscales parecen ser alguien que inventó todo esto y que no tiene sustento”.

Adepa, en tanto, destacó “la importancia” del fallo que beneficia a uno de sus miembros, calificó a Massot como víctima de una “persecución judicial y política”, y consideró que la imputación del director de La Nueva Provincia es un ejemplo de las “causas de acoso a la prensa que se ha mantenido reacia a la prepotencia de gobiernos que han procurado sin éxito someterla, aunque sí dañarla”. Adepa definió a Massot como “un periodista de reconocido pensamiento adverso al fenómeno subversivo y terrorista”.