El fiscal del Juicio a las Juntas Militares de la última dictadura, Julio César Strassera, falleció ayer a los 81 años. Strassera, quien para cerrar su alegato final de aquel juicio pronunció la histórica frase “Nunca más”, tomada del informe de la Conadep, murió a raíz de una insuficiencia respiratoria en la Clínica San Camilo, donde había sido internado a mediados de mes. El gobierno nacional expresó su “dolor” por la muerte de Strassera y decretó dos días de duelo. Dirigentes políticos de todos los sectores, juristas y distintas personalidades manifestaron también su pesar, al que se sumó además la Procuración General de la Nación.

Strassera había sido internado el 16 de febrero pasado con trastornos intestinales y un cuadro de hiperglucemia. Estaba en terapia intensiva y permanecía en estado de coma.

Strassera actuó como fiscal en el juicio que en 1985 se llevó a cabo contra los integrantes de las Juntas Militares. Tuvo como fiscal adjunto a Luis Moreno Ocampo. Strassera tuvo un rol protagónico en el debate, que se extendió entre abril y octubre de aquel año y que contó con el testimonio de más de 800 personas, en su mayoría víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado.

Los dictadores fueron juzgados por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, entonces integrada por Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio. El tribunal dictó su condena –reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera– el 9 de diciembre de 1985. Para cerrar su alegato final, Strassera recurrió a aquella frase “Señores jueces, nunca más”.

A pesar de su actuación en aquel juicio, Strassera cosechó muchas críticas por su desempeño como fiscal durante los años de la dictadura militar. Sobrevivientes y familiares de víctimas de los delitos de lesa humanidad lo acusan de haber rechazado varios pedidos de hábeas corpus entre 1976 y 1981, año en que fue nombrado juez de sentencia.

A Strassera se lo acusa de haber rechazado el pedido de inconstitucionalidad que el ex gobernador de Santa Cruz Jorge Cepernic realizó de su detención, en plena dictadura. También fue Strassera quien, como fiscal, le tomó declaración a Lidia Papaleo, esposa del dueño de Papel Prensa David Graiver, en 1977, en el marco de la investigación de los militares sobre la vinculación de su esposo con la organización Montoneros. Durante esa indagatoria, Papaleo estaba internada, esposada a la cama de un hospital. En aquel año, también, trabajó en el expediente de la conocida Masacre de San Patricio, como se denominó al asesinato de los curas Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos palotinos, sucedido en julio de 1976. En ese caso Strassera solicitó al juez a cargo, Guillermo Rivarola, el cierre de la investigación.

Strassera no estuvo de acuerdo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que beneficiaron a los genocidas sentenciados, dictadas por el mismo gobierno radical que impulsó el juicio en su contra y trabajó para solicitar su inconstitucionalidad, aunque no llegó a hacer un pedido al respecto. Pero después no dio su apoyo al gobierno de Néstor Kirchner, cuando promovió el debate en el Congreso Nacional del proyecto de nulidad de esas normas presentado por la entonces diputada Patricia Walsh, en 2003. Aquella ausencia sería la primera demostración de su rechazo al kirchnerismo, que expresaría a lo largo de toda la década siempre que el periodismo lo consultara por cualquier tema.

En los primeros años del menemismo, representó al país ante organismos internacionales de derechos humanos y se refugió luego en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de cuyo consejo directivo todavía formaba parte.

Desde entonces se corrió del foco de los medios de comunicación y continuó desempeñándose como abogado. En las protestas por el corralito de Domingo Cavallo fue descubierto por el periodismo mezclado entre los manifestantes. “Somos pocos, acá tendría que haber 10 millones y salir todos los días, no dejarlos respirar”, se quejaba entonces. En 2003 se afilió a la Unión Cívica Radical.

En 2006 defendió a Aníbal Ibarra en el juicio político al que fue sometido por la tragedia de República Cromañón y que terminó con su destitución como jefe de Gobierno porteño. “Culpables son los que tiraron las bengalas”, consideró en una entrevista concedida a este diario entonces.

Años más tarde asumió la defensa del juez de Mar del Plata Pedro Hooft, acusado por sobrevivientes de la última dictadura de ser cómplice y encubrir el secuestro y desaparición de un grupo de abogados, episodio conocido como la Noche de las Corbatas. En 2013 patrocinó a un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical en la denuncia que presentaron contra el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, por “ocultar datos” judiciales del jefe del Ejército, César Milani, que lo vinculaban con delitos de lesa humanidad.

El descontento de Strassera con el gobierno nacional se hizo público con mayor ahínco en los últimos años y dio lugar al crecimiento de su exposición mediática. En septiembre de 2010 arremetió con dureza contra “los Kirchner”, a quienes acusó de “secuestrar, acusar y matar a las instituciones”.

Strassera participó del cacerolazo opositor de abril de 2013, cuando criticó la reforma judicial entonces impulsada por el gobierno nacional, aprobada por el Congreso y frenada luego por la Corte Suprema de Justicia. “Así comenzó la Alemania del ’33, nombrando jueces amigos”, comparó entonces.

Por la muerte del fiscal Alberto Nisman fue ampliamente consultado por medios de comunicación críticos del kirchnerismo. En sus incursiones mediáticas, Strassera llegó a comparar al ahora ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich con el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels y exigió la renuncia de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Strassera también acusó al Poder Ejecutivo de estar vinculado con la muerte del fiscal que conducía la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA: “Hay un fiscal que acusó a la presidenta de la Nación y terminó muerto”, aseguró en aquel diálogo.