A cuatro años de la masacre de Curuguaty –que dio pie al último golpe de Estado en Paraguay– el martes 14, en el Palacio de Justicia de Asunción, la Fiscalía inició los alegatos finales en el juicio a lxs campesinxs acusadxs de la masacre ocurrida en las tierras estatales de Marina Kue. Jalil Rachid, el fiscal que siguió la causa desde sus comienzos, es un personaje tenebroso de la historia, promovido a viceministro de Seguridad desde comienzo de este año y con múltiples vínculos con la familia Riquelme, cuya firma –Campos Morombí– ocupaba indebidamente las tierras en disputa. Hoy esa Fiscalía está a cargo de Nelson Ruiz, Leonardi Guerrero y Liliana Alcaraz; ésta pidió un minuto de silencio en homenaje a los policías muertos en el enfrentamiento de Marina Kue antes de empezar la audiencia.

El 15 de junio de 2012 murieron 6 policías y 11 campesinos. Pero para el Estado paraguayo, encarnado en el cuerpo de la fiscal, ¿acaso importan los campesinos? El Estado paraguayo ha puesto en entredicho el ser viviente de lxs campesinxs de Curuguaty. Lxs 13 campesinxs que desde hace cuatro años esperan un juicio encarnan un “estado de excepción”. En Paraguay, el estado de excepción tiende a convertirse en regla para todas las subjetividades diversamente deseantes en tensión con el Estado. Basta revisar la historia del país: una institución “higienizada” que ha creado sujetxs marginadxs por las narraciones hegemónicas (androcéntricas) que la han instituido: mujeres, homosexuales, travestis, campesinos, indígenas, negros, minorías etnorraciales, discapacitados, migrantes, etc. Ésas son subjetividades espectralizadas, a las que se les niegan los derechos que amparan a lxs ciudadanxs. Y precisamente por esto es posible enunciar sin resquemores –dado que en ese contexto tiene sentido social y político– “campesino sin tierra”, es decir “sin vida”: pues con/de la tierra el campesinado vive. El Estado concentra poderes que temen la vida. Cuando la vida es de lxs otrxs. Por eso homenajea a lxs suyxs, esos policías que cumplieron con la orden de desalojar a una comunidad campesina mediante el uso de la fuerza. La orden fue autorizada por el gobierno de Lugo, golpeado por cierto con el resultado del enfrentamiento, pero corresponsable de los hechos sucedidos en Marina Kue. Este es un elemento definitorio y para nada accesorio. De hecho, vale la pena señalar que, en las múltiples actividades militantes organizadas a lo largo de estos cuatro años alrededor de la “situación Curuguaty”, la figura de Lugo ha sido más bien la huella de una ausencia.

El fiscal Nelson Ruiz apuntó a Rubén Villalba y a Luis Olmedo y los consideró responsables de las muertes policiales de Marina Kue, apelando a acusaciones genéricas que no demuestran –en nada– su culpabilidad. El miércoles 15 de junio continuaron los alegatos por parte del Ministerio Público, que pidió estas penas: Rubén Villalba, 30 años de prisión (condena) más 10 años como “medida de seguridad” por “peligrosidad” en base a un examen psicológico que “casualmente” no fue presentado como evidencia en el juicio. Luis Olmedo, 25 años de prisión. Arnaldo Quintana y Néstor Castro, 20 años de prisión. Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, 5 años de prisión. Fani Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero, 8 años de prisión. El fiscal Ruiz sostuvo que la Fiscalía quiere una “sentencia justa y ejemplificadora”, que por cierto no contempla las responsabilidades ni de la Policía ni de la familia Riquelme.

La única conclusión posible es que incluso la lucha pacífica por la tierra de parte del movimiento campesino sin tierra conduce a medidas represivas desproporcionadas (“ejemplificadoras”), que se sitúan en el límite de la vida misma. Medidas formuladas haciendo caso omiso de los reclamos ciudadanos –tanto nacionales como internacionales– articulados a lo largo de cuatro años alrededor del caso Curuguaty. En este “juicio” vimos actuar a un tribunal con una posición de clase que nunca dudó en mentir, fraguar, inventar (o esconder) “pruebas” con el objetivo de proteger a aquellos a quienes representa, y de convertirse en el operador estatal más visible de poderes fácticos –políticos y económicos– que nunca abandonaron el Estado paraguayo (ni siquiera con Lugo como presidente) y, en última instancia, de asumir la defensa de la propiedad privada por sobre el uso colectivo de la tierra. Condenar a lxs campesinxs resistentes es sostener las complicidades construidas desde la masacre y la legitimidad “democrática” del gobierno “colorado” del empresario financiero/sojero Horacio Cartes y de los sectores concentrados que participan de los beneficios de un modelo económico basado en la exportación de soja, construido sobre el barro y la sangre del movimiento campesino paraguayo.

El Tribunal de Sentencia le otorgó a la defensa de lxs campesinxs 8 días para presentar los alegatos finales. No cabe esperar que las cifras de las condenas cambien sustancialmente en el marco de un proceso que entra en su etapa final –vaya casualidad– justo cuando en el contexto regional Venezuela está en picada, cuando en Brasil volvieron los dueños del poder real, e intentan restaurar el país colonial e imperial y cuando en la Argentina están en marcha las políticas de destrucción de los procesos de democratización y ampliación de derechos implementados en los años posneoliberales.

* Universidad Nacional de General Sarmiento / Conicet.