Página/12 En Brasil

La Controladuría General de la Unión decidió abrir ayer nuevos procesos administrativos contra otras diez empresas que se encuentran bajo sospecha de participar en el enorme esquema de corrupción denunciado en Petrobras. Ahora, son dieciocho las investigadas. Lo destacado de la nueva lista divulgada ayer es que se incluyen tres empresas del grupo Odebrecht, el mayor gigante de la construcción en Brasil, junto a otra gigante, la Andrade Gutiérrez. Si se recuerda que había otras de las principales en la lista anterior, como la Camargo Correa y la Queiroz Galvao, se puede decir que todo el sector está comprometido.

El objetivo formal, amparado por ley, de la nueva medida determinada por la Controladuría General de la Unión es averiguar si las empresas son o no culpables de corrupción. Además de las constructoras, hay otras empresas más que prestaban servicios a Petrobras o suministraban equipos, bajo la misma lupa. Todas han sido mencionadas por los ex funcionarios de la estatal que fueron presos, amparados en la brecha legal de la “delación premiada”, que disminuye drásticamente las penas en caso de condena, siempre que ofrezcan informaciones concretas y que constituyan pruebas de los crímenes conocidos.

Se espera que más empresas sean objeto de procesos administrativos en las próximas semanas. Si se comprueba la culpa de las empresas investigadas, las penalidades van del pago de multa o la devolución de las cantidades desviadas a perder el derecho de hacer negocios con el sector público por un plazo a ser determinado por el tribunal.

Mientras duren las investigaciones, a las empresas se les ofrece la posibilidad de un “acuerdo de flexibilidad”, o sea, les toca reconocer públicamente las irregularidades, resarcir integralmente el daño causado a Petrobras y, claro, cooperar en las averiguaciones. Hasta ahora, las empresas anteriormente puestas bajo investigación se resisten a ese acuerdo, mientras que sus altos ejecutivos muestran clara tendencia a aceptar, como personas físicas y no jurídicas, la “delación premiada”.

Hay intenso debate, en Brasil, sobre el alcance de las acciones judiciales en contra de las empresas denunciadas. Todavía no se comprobó nada. Pero mientras duren las investigaciones, que en rigor no tienen plazo de término, muchas de las empresas involucradas enfrentan serios problemas. Para empezar, no logran obtener financiación de la banca pública y los intereses exigidos por los bancos privados hacen inviable la concesión de créditos. Desde que se iniciaron las investigaciones, miles de empleados fueron licenciados por casi todas las empresas acusadas. Otras denuncian que Petrobras, mientras examina minuciosamente todos los contratos, también suspendió los pagos. Varios sectores de la economía dicen temer una parálisis en las grandes obras realizadas a lo largo y a lo ancho del país, si las gigantes de la construcción civil se ven frente a dificultades insuperables.

Ese escenario, ya bastante turbulento, se vio ahora súbitamente agravado con la divulgación de que la Andrade Gutiérrez, pero de manera muy especial la Odebrecht, entraron en la lista de los sospechosos, todos pasibles de medidas durísimas en caso de condena.

Además de una vastísima cantidad de obras de gran porte –carreteras, puertos, aeropuertos– que podrán tener su ritmo brutalmente interrumpido, uno de los puntos centrales del mandato de Dilma Rousseff, el programa Mi casa, mi vida, de construcción de viviendas populares, peligra porque es llevado a cabo por muchas de las constructoras involucradas en las denuncias aceptadas por la Controladuría General de la Unión.

Desde fines del año pasado, las primeras denunciadas están impedidas de participar de licitaciones de Petrobras. A ellas se suman, ahora, otras ocho. El sector de la construcción civil, que ganó especial impulso a partir de la dictadura militar (1964-1985), ha crecido de forma vertiginosa a lo largo de las últimas décadas. Muchas obras de dimensiones faraónicas, y no sólo en Brasil, sino también en los países árabes, en varios puntos de Africa y en más de una docena de países latinoamericanos fueron y están siendo llevadas a cabo por las gigantes brasileñas que ahora están bajo la lupa, tratando de establecer tácticas y estrategias que demuestren su inocencia.