EL MUNDO › EL PODER JUDICIAL ESPAÑOL APURA EL RELEVO DEL MAGISTRADO POR INVESTIGAR AL FRANQUISMO

Garzón, cerca de ser suspendido

La causa contra el juez fue abierta después de que asociaciones de ultraderecha presentaran una querella acusándolo de prevaricación por haber intentado juzgar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura.

 Por Oscar Guisoni

Desde Madrid

La causa contra el juez Baltasar Garzón, abierta después de que asociaciones de ultraderecha presentaran una querella acusándolo de prevaricación por haber intentado juzgar los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura, entró esta semana en una fase decisiva. Luego de que el jueves pasado el juez instructor del caso Luciano Varela, perteneciente al Tribunal Supremo, emitiera un auto con claros elementos condenatorios contra el magistrado de la Audiencia Nacional, ahora serán los miembros de este Tribunal los que deban decidir si apoyan el documento, abriendo de este modo las puertas al proceso y la consecuente suspensión de Garzón mientras dure el mismo. La composición del Tribunal, con amplia mayoría conservadora, hace suponer que los días de Garzón al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional están contados. Partidos políticos y asociaciones civiles ya han manifestado su descontento con el rumbo que está tomando el proceso.

El auto del juez Varela es, antes que nada, una auténtica pieza de defensa de la Ley de Amnistía que se dictó luego de que finalizara la dictadura del general Francisco Franco tras su muerte, en 1975. La ley, piedra angular de la famosa transición española y hacia la que según Varela, Garzón mostró una “ignorancia inexcusable”, tendía un manto de impunidad sobre los crímenes de la dictadura y dejaba sin investigar las atrocidades cometidas por el bando fascista durante la Guerra Civil (1936-39). Según el auto de Varela, Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo haciendo caso omiso de esta ley aún vigente, e interpretando de manera errónea la Ley de la Memoria Histórica aprobada durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que establece reparaciones a las víctimas, abre la puerta a la investigación sobre el paradero de las víctimas y las aperturas de fosas donde se hallan los represaliados, pero traza límites muy precisos para impedir justamente que la Justicia haga lo que pretendió hacer Garzón: investigar a los responsables del franquismo.

Baltasar Garzón lleva 22 años frente a su juzgado, en los que tuvo tiempo suficiente para granjearse grandes y poderosos enemigos. A lo largo de todo ese período tuvo que afrontar más de una querella por su labor, pero siempre fueron desestimadas. Hasta que se atrevió a tocar el tabú más importante de la democracia española: los crímenes del franquismo. A los resquemores que despertó su causa contra el general Franco y su entorno en el mundillo conservador se le suman los enconos que se granjeó en el último año luego de haber instruido parte del llamado Caso Gürtel, la mayor trama de corrupción en la que se vio envuelto el Partido Popular desde su fundación.

Los magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ahora deben decidir sobre el auto de Varela tienen un claro signo conservador y en algún caso, como recuerda la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento (la organización fascista que sustentaba la dictadura) y fidelidad al general Franco”. Uno de esos jueces, que integra la sala que deberá ahora expedirse sobre el auto de Varela, es Adolfo Prego, un hombre que no tuvo ningún empacho en firmar un manifiesto contra la Ley de la Memoria Histórica y que pertenece a una Fundación para la Defensa de la Nación Española, una organización cuyo nombre ya de por sí lo dice todo.

Pero ésta no es la única causa a la que se enfrenta Baltasar Garzón. Otra de las querellas en su contra que ha sido admitida tiene que ver con el hecho de haber recibido de la Universidad de Nueva York honorarios por haber dictado unos seminarios patrocinados por el Banco Santander. Más tarde, Garzón instruyó una causa que implicaba a Emilio Botín, presidente del Banco, y que terminó siendo sobreseído. Según la querella, el magistrado habría actuado aquí dolosamente. Tanto los precedentes legales que existen en España sobre este tipo de casos, como la relación indirecta que hay entre quien financió el seminario y quien lo impartió, al encontrarse la prestigiosa universidad norteamericana de por medio, hacen que esta causa tenga aún menos posibilidades de triunfar, aunque vista la saña con la que se ha abierto la cacería contra el magistrado más internacional que tiene España en ejercicio, todo puede suceder.

En los próximos días la Sala de lo Penal deberá decidir si acepta el recurso presentado por el juez contra el auto de Varela, una medida que en ámbitos judiciales se da por descontada. Con ese aval sobre el auto, Varela habrá conseguido dar el primer paso para abrir el juicio contra Garzón. Después, el Consejo General del Poder Judicial deberá decidir si suspende al juez de manera provisoria mientras dure el proceso, una medida que también se da por descontada teniendo en cuenta casos precedentes. Así las cosas, es muy probable que en los próximos días España permita que cese su actividad uno de los magistrados que más han contribuido a darle prestigio a su sistema judicial, animándose a abrir causas contra dictadores y responsables de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

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Baltasar Garzón (derecha) planteó recursos contra la decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela.
 
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