La gobernadora María Eugenia Vidal inició un raid por diferentes ámbitos institucionales reclamando la restitución plena del llamado “Fondo del Conurbano”. El enfoque ideológico que presenta su argumento incluye la consideración esencial de lo que aporta la provincia de Buenos Aires o, dicho de otro modo, de la recaudación que el Estado nacional realiza en territorio bonaerense.

Lo preocupante del planteo es que esa línea argumentativa se inscribe en la teoría “devolutiva” del federalismo fiscal, que supone que los recursos federales deben distribuirse proporcionalmente al peso de cada provincia en la recaudación o en el gasto. Este criterio podría retrotraer el sistema de transferencias a la década de 1930 y es totalmente inadecuado para un país con los enormes desequilibrios regionales como presenta la Argentina. Implicaría cristalizar las diferencias, cuando no profundizarlas, entre argentinos que viven en distintas regiones del país.

Nos interesa señalar al respecto tres cuestiones:

1 Es insoslayable que la provincia de Buenos Aires debe mejorar su participación en la distribución secundaria porque así lo indica cualquier criterio distributivo de reparto. Lo que debe quedar claro es que esta mejora, para no ser a expensas de otras provincias, deberá encontrar mecanismos que aumenten la masa de fondos a distribuir entre las provincias.

El Fondo del Conurbano se creó para compensar la posición en que la ley de coparticipación de 1988 dejó a Buenos Aires. A diferencia de lo que sostienen las autoridades, en aquel momento no se resignaron ocho puntos de coparticipación, sino que se aumentó la distribución secundaria hacia las provincias y en Buenos Aires no se vio reflejado de la misma forma que en el resto de las provincias dicho incremento.

Por ese motivo, el ex gobernador Eduardo Duhalde consiguió la creación del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, financiado con el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. A ese fondo, que fue manejado por la provincia en forma discrecional y arbitraria, en 1996 se le impuso un techo máximo de 650 millones de pesos anuales, distribuyendo lo que supera ese monto entre las demás provincias. La conjunción del considerable aumento en la recaudación de ese impuesto y el tope han hecho que en 2015, la provincia de Buenos Aires sea la que menos dinero ha recibido por ese concepto. Sin esa barrera, el fisco bonaerense habría obtenido en 2015 unas 58 veces más que lo efectivamente cobrado, es decir unos 37.400 millones adicionales. Si hubiera recibido ese dinero, habría sido en desmedro del resto de las provincias: la situación hubiera sido claramente desventajosa para todos los argentinos, a excepción de los bonaerenses.

2 En parte la solución al problema fiscal bonaerense está en el propio sistema tributario provincial. Buenos Aires (al igual que Santa Fe y Córdoba) tienen una estructura recaudatoria muy regresiva y desaprovechada. Más de tres cuartas partes de sus recursos propios corresponden al Impuesto a los Ingresos Brutos, mientras que el Impuesto Inmobiliario (en particular el componente rural) tiende a desaparecer por las irrisorias valuaciones fiscales de la tierra. Ahí tienen mucho para avanzar las autoridades de las provincias más ricas si precisan recursos, en lugar de tratar de sacárselos a sus pares de las provincias más pobres. La provincia de Buenos Aires obtenía en 1984 el 36 por ciento de sus recursos a través del impuesto inmobiliario, uno de los impuestos de mayor potencial progresivo. Hoy ese valor ronda sólo el 6 por ciento y tiende a reducirse aún más.

3 En vez de buscar “parches”, como los realizados recientemente por el Parlamento Nacional en relación con la restitución a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación que recibía la Anses, o como la asignación unilateral de fondos de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o lo que ahora pretende la gobernadora Vidal, lo necesario en Argentina es un debate serio y profundo sobre el federalismo fiscal para que el sistema de transferencias intergubernamentales, en un país con enormes desequilibrios económicos, sociales y territoriales, permita que todos los habitantes tengan un acceso similar en cantidad y calidad de bienes públicos, independientemente del lugar donde vivan. Ese es el verdadero desafío de la coparticipación federal.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.