Dos represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) recibieron malas noticias desde la Cámara Federal de Casación. El máximo tribunal penal del país –con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma– revocó la excarcelación de Juan Carlos Fotea y le negó la libertad a Juan Antonio Azic. En su voto, Slokar volvió a recordar que no proceden los indultos ni las morigeraciones para criminales de lesa humanidad. Es un nuevo mensaje de los tribunales después de la reivindicación de Javier Milei a Carlos Menem en un acto en la Casa Rosada, en el que habló de los indultos que otorgó a los genocidas como una herramienta constitucional para “pacificar” el país.

Azic era prefecto. Desde 1969, era parte del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (SIPNA). Desde 1976 empezó a operar en el campo de concentración de la ESMA. Al año siguiente, se apropió de una beba que había nacido allí y la crió como propia. Con el tiempo se sabría que era Victoria Donda Pérez. Entre 1978 y 1979, la presencia de Azic se hizo más habitual. Participaba de los operativos y de los interrogatorios.

Carlos Lordkipanidse lo reconoció como quien entró con su hijito de 20 días agarrado de los pies. Le dijo que si no hablaba iba a estrellar la cabeza del bebé. En la ESMA, Azic era “Piraña” o “Claudio”. Se apropió también de Carla Ruiz Dameri, nacida en 1980 en el centro clandestino de la Marina.

En noviembre de 2017, Azic fue condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA. En 2011, ya había recibido una pena de 18 años y tiene otra sentencia a catorce años de prisión por la sustracción de Victoria Donda. Estas dos últimas sentencias fueron unificadas en una pena de 25 años de cárcel.

Azic venía insistiendo que lleva más de 20 años preso y que le correspondía ser excarcelado. En 2003, el juez español Baltasar Garzón pidió su extradición. El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó su detención, pero Azic se pegó un tiro en la boca.

El 28 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 rechazó excarcelarlo. Este jueves, Slokar y Ledesma convalidaron esa decisión. Azic solo consiguió el voto a favor del camarista Guillermo Yacobucci.

Fotea fue otro integrante del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA. Al igual que Azic, él tampoco era marino. Fotea integraba la Policía Federal Argentina (PFA). Cumplía funciones en la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Superintendencia de Servicios Federales (SSF). El 7 de enero de 1977, Fotea fue destinado a la ESMA. En ese campo de concentración, lo conocían como Fernando o “Lobo”. Integraba el sector de Operaciones y se había ganado fama de conductor temerario.

Fotea no era un eslabón aislado del sistema represivo, sino que conocía todo el plan criminal a la perfección. A uno de los detenidos-desaparecidos, Ricardo Coquet, le soltó un día en la ESMA: “Estamos tirando una generación al mar”. Estuvo en el centro clandestino hasta 1980. Cuatro años más tarde –con la llegada de la democracia–, pasó a retiro. Se fue a España, donde montó una hostería. Debieron extraditarlo desde allá para que respondiera ante los tribunales argentinos cuando cayeron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Fotea también fue juzgado en ESMA II (2011) y en ESMA Unificada (2017). En ambos procesos fue condenado a 25 años de prisión. Las querellas de Kaos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público entendieron que en ESMA Unificada no estaba en condiciones de acceder a la excarcelación, pese a lo que había resuelto el TOF 5. Slokar y Ledesma les dieron la razón.

Fotea está en su casa. En ESMA II ya había obtenido la libertad condicional. El TOF 5 deberá ahora dictar un nuevo pronunciamiento con los lineamientos que bosquejó la Cámara de Casación.

“Resulta indubitable que del mismo modo en que los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos veinte años a partir de la incorporación de los tratados de Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad y, especialmente, ante la reapertura de estos procesos, originados en una respuesta legislativa y jurisdiccional, tardía, pero concluyente”, escribió Slokar en su voto.

El camarista resaltó, en línea con lo que había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto al dictador peruano Alberto Fujimori, que existe una tendencia creciente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional respecto a limitar que las condenas impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean perdonadas o extinguidas por decisiones discrecionales de los Poderes Ejecutivo o Legislativo.

El pronunciamiento se lee como una advertencia al gobierno de La Libertad Avanza (LLA), sobre todo después de la reivindicación de Menem y la oda a la reconciliación que ensayó Milei el martes en la Casa Rosada. El 24 de marzo pasado, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron una declaración recordando que no se pueden perdonar los crímenes aberrantes.