Gracias a los votos de la coalición de gobierno, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó una nueva ley de medios entre gallos y medianoche y con un agregado de Cabildo Abierto, lo que generó el malestar de la oposición que lo consideró "un verdadero atropello". Después de pedir un cuarto intermedio de 10 minutos, el oficialismo ingresó de forma sorpresiva el proyecto en el Senado sin haber pasado por la Comisión de Industria, como establece la norma legislativa.
La iniciativa propone aumentar el número de licencias que puede acumular un mismo propietario, la posibilidad de incorporar inversión extranjera en la oferta mediática y plantea una nueva gestión para los medios públicos. La aprobación de uno de los proyectos emblema del presidente Lacalle Pou llega en un contexto de tensión dada la nueva ley de publicidad electoral que se tratara en los próximos días, rumbo a los comicios generales del 27 de octubre.
Más licencias y beneficios a los privados
El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, argumentó que la ley es necesaria para "garantizar la viabilidad de los medios de comunicación y la libertad de expresión". El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, que se encarga de dirigir la radiodifusión y la televisión del país, pasará a tener una autoridad nombrada por 6 años. Esto para Botana brinda "garantías e independencia del poder político", debido a que "las personas nombradas para esos cargos serán capaces de mantener los equilibrios correspondientes necesarios en estas circunstancias".
La ley aprobada este martes en el Senado aumenta el máximo permitido de licencias por titular. El proyecto establece que una persona física o jurídica o un grupo económico puede ser titular de hasta 5 licencias en la zona metropolitana y de hasta 6 licencias en el resto de Uruguay para "para prestar servicios indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión y de televisión abierta".
Originalmente el texto aprobado en la Cámara de Diputados durante el año pasado establecía un máximo de hasta 4 licencias en la zona metropolitana. En el caso de la televisión por cable, ahora se impone un nuevo tope de 8 licencias. La nueva ley de medios también le otorga el derecho a los cableoperadores a prestar servicio de Internet.
Carlos Magariños, director de Asuntos Externos y Estrategia Global de Vrio Corp, la casa matriz de DIRECTV, argumentó el miércoles pasado ante el Senado su pedido expreso para que se generen condiciones de competitividad. "El único país en el que la compañía tiene permiso para prestar TV por satélite, pero no Internet, es en Uruguay. Por eso abogamos aquí poder hacerlo", expresó Magariños.
La ley incorporó una propuesta del oficialista Cabildo Abierto sobre el "derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada", que establece que "los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos". Debido a las modificaciones en el Senado, el proyecto volverá a tratarse en Diputados, que únicamente podrá rechazarlo o ratificarlo. Allí la coalición oficialista tiene mayoría.
Bronca en el Frente Amplio
Luego del ingreso como "grave y urgente" del proyecto de ley de medios, los senadores del Frente Amplio resolvieron, por primera vez desde la restauración de la democracia, no participar más en las reuniones de coordinación de bancadas en las que se ponen sobre la mesa los proyectos a tratar en el orden del día de cada sesión. El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez destacó que la nueva ley implicará "una concentración de los medios de comunicación que va en contra de cualquier estándar internacional" porque "habilita una concentración desmedida".
En conferencia de prensa al cierre de la votación, el también senador del Frente Amplio Óscar Andrade dijo que con la nueva ley "perdió la calidad democrática". Andrade sostuvo que "la historia de la adjudicación de medios en Uruguay es una historia no transparente", basada en "una relación perversa entre el poder mediático y el poder político", de acuerdo al medio La Diaria. Por su parte la senadora Lilián Kechichian advirtió que la ley "es un verdadero atropello, ya no a la bancada del Frente Amplio, sino al Uruguay todo".
Además de los cuestionamientos de la oposición, la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) manifestó su "rechazo y preocupación" por una normativa que "violenta libertades de expresión y de prensa, en medio de la campaña electoral". En la misma línea la Federación Internacional de Periodistas (FIP) emitió un comunicado remarcando que la ley "elimina el pago que los grandes medios debían efectuar por el uso de las frecuencias", deja atrás "los mecanismos que permitían defender los derechos del público" y hace desaparecer "definitivamente las exigencias de producción nacional".
