Fueron cientos las personas que este lunes se hicieron presentes en el corazón de la plaza Colombia, en el barrio porteño de Barracas, para manifestarse por el triple lesbicidio que sucedió tan solo siete días atrás. A las 18 horas el monumento central de la plaza ya estaba colapsado de personas autoconvocadas que, entre el dolor y la rabia organizada, pedían justicia por Pamela Cobas, Roxana Mercedes Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos.

La asamblea de Barracas, organizaciones transfeministas y de diversidades, sindicatos, partidos políticos, colectivos artísticos, grupos autoconvocados, vecinos y activistas convocaron a la acción colectiva que comenzó en la plaza con intervenciones a micrófono abierto y se movilizó hacia el hotel donde sucedió el ataque, ubicado a tres cuadras del lugar. El reclamo fue claro: “Justicia por las cuatro compañeras y las víctimas del atentado; el cambio de la carátula en el tratamiento del caso porque fue un crimen de odio por ser lesbianas; basta de violencia y de discursos de odio; políticas públicas para las feminidades y la comunidad LGTBIQ+ y la apertura del Inadi y del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad”.

“No esperábamos que viniera tanta gente, nos sorprendió porque esto pasa siempre pero nunca aparecen tantas personas”, expresó Jesica Hernández, militante y activista LGBTI+ e integrante de la comunicación de Autoconvocades de Lesbianes por Barracas. “Estamos acá porque queremos alzar la voz, porque entendemos que es importante que nuestras identidades lésbicas sean vistas y salgan en las noticias. Venimos a exigir que dejen de eliminarnos como identidades. Nosotras existimos, resistimos y ponemos el cuerpo. Básicamente queremos que se haga justicia”, sostuvo Hernández en diálogo con Página 12.

A una semana de que Fernando Barrientos prendiera fuego la habitación de las cuatro mujeres con una bomba molotov, solo Sofía Castro Riglos quedó con vida. Andrea Amarante falleció en el Hospital Penna, después de haber estado internada por seis días, en estado crítico con el 75% del cuerpo quemado. Con Paula Cobas y Mercedes Roxana Figueroa, que fallecieron a pocas horas del ataque, ya son tres las víctimas fatales que dejó el crimen de odio perpetrado el pasado 6 de mayo.

Amarante era una sobreviviente de la tragedia de Cromañón, en la que murieron 194 personas el 30 de diciembre de 2004 y de la que en los próximos meses se cumplirán 20 años. “Ayer víctima de la tragedia de Cromañón, hoy de un ataque lesboodiante, y mientras tanto de un Estado ausente que le da la espalda”, denunciaron integrantes de la Coordinadora Cromañón y advirtieron que estaba en situación de calle porque “no percibió ayuda económica y tampoco beneficiaria del Programa de Salud para víctimas de Cromañón”.

“Estamos acá y estamos tristes, pero nuestro intento es transformar este dolor en un pedido de justicia. Seguimos abrazando a Sofía, la única sobreviviente, y pidiendo justicia por Pamela, Rozana y Andrea”, indicó Marisol Arcarí, integrante de la Asamblea de Barracas en diálogo con este medio.

Entre los camperones y bufandas, resaltaban los carteles improvisados armados con el apuro que trae la urgencia de salir a la calle rápido y las flores de colores brillantes que se destacaban en el anochecer temprano de invierno. Frases como “No es libertad, es violencia”; “Basta de lesbicidio”; “Tocan a une, nos organizamos miles”, se leían los carteles. “Para que despertar no sea un privilegio y que amar no sea una sentencia de muerte”, decía uno con letras negras grandes.

“Este hecho se vincula claramente a la situación económica y el contexto de vivienda en el que se encontraban”, aseguró Luci Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos, en diálogo con Página 12. “Por empezar, el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es prohibitivo para la mayoría de la población pero mucho más para la población LGBTIQ+, que no solo no puede acceder a la vivienda en alquiler, sino que está siendo expulsada”, afirmó y agregó: “Por supuesto que el análisis de los discursos de odio es importante, pero también hay que tener en cuenta la situación de precariedad en la que estaban, que las hizo mucho más vulnerables a sufrir este tipo de ataques”.

Sobre la responsabilidad del Estado en este triple femicidio, Cavallero advirtió: “Estamos frente a un Estado que, en lugar de reparar una violencia que es estructural, lo que hace es desinhibir una violencia social, promoverla y dinamizarla, con discursos pero también con hechos concretos como el desmantelamiento de las políticas públicas. Esto a partir de declaraciones como las de Mondino, igualando la diversidad sexual con tener piojos, desmantelando las políticas públicas como el Inadi, las recientes declaraciones de Adorni negando la especificidad de la violencia y el odio hacia la población LGBTIQ+ y queriendo despolitizar el crimen diciendo que es violencia en general”. 

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín