La intervención del Gobierno en el sector de medicina prepaga no es una estrategia heterodoxa ni una respuesta a una medida ortodoxa anterior. Es el reflejo del descontrol general de la gestión liberal libertaria, del desconocimiento acerca de cómo funcionan los mercados y la muestra de la incapacidad de administración de cada día del gobierno de Javier Milei.
El respaldo de grupos económicos locales y de las finanzas nacional e internacional maquilla lo que es un caos en diferentes áreas de la economía ante la ausencia de un plan de estabilización básico.
No sólo brilla por su ausencia un programa económico consistente (fiscal, monetario cambiario y política de ingresos), carencia que advierte hasta el oficialista Domingo Cavallo, sino que muchos cargos no fueron cubiertos, otros son ejercidos por personas que no tienen idea de la tarea a realizar y no pocos renunciaron en estos meses iniciales del (des)gobierno libertario.
El nivel de impericia queda oculto detrás de la confluencia de tres vertientes dominantes en el establishment, intereses que terminan moldeando sentidos en un amplio sector de la sociedad: la ideología neoliberal, la política de oposición a proyectos nacionales y populares y el aprovechamiento de negocios facilitados por el Estado ya sea vía desregulaciones o por normas específicas (por caso, petroleras, economía del conocimiento o medicina prepagas).
Estos intereses tienen expresión hoy en el mascarón de proa Milei y mañana puede ser cualquier otro y, por ese motivo, las agresiones diarias y la serie de disparates pronunciadas por el Presidente por ahora son ignoradas. Cualquier otro político con similar comportamiento recibiría el rechazo fulminante, mientras que en Milei se lo evalúa con indulgencia y hasta simpatía.
Los más ricos del país son el principal soporte de Milei
El actual estado de incompetencia en la gestión económica es denominado por algunos economistas y empresarios como el necesario ajuste de precios relativos.
En realidad es un proyecto político –sería exagerado calificarlo como plan económico- para generar una extraordinaria y desordenada transferencia de ingresos hacia privilegiados de la cúpula del poder económico (en especial, a los del complejo energético). En términos pedestres, se trata de un asalto a los ingresos de trabajadores, jubilados y clases medias.
El precio relativo que estaba atrasado y que ahora lo está mucho más respecto a los otros es el salario. Esta variable sin embargo está subordinada al ajuste de los otros precios básicos (tarifas, tipo de cambio, combustibles) y de otros claves del presupuesto de los hogares (alimentos, artículos de limpieza, salud)
El último ranking de los más millonarios de Argentina elaborado por la revista Forbes resulta ilustrativo de quiénes son los principales soportes del gobierno como así también beneficiarios:
1. Marcos Galperin (Mercado Libre), 6300 millones de dólares.
2. Paolo Roca (Grupo Techint), 5600 millones de dólares.
3. Alejandro Bulgheroni (petrolera PAE), 4900 millones de dólares.
4. Gregorio Pérez Companc (Molinos, agro y energía), 3900 millones de dólares.
5. Eduardo Eurnekian (Aeropuertos y petróleo), 3000 millones de dólares.
6. Eduardo Costantini (finanzas y desarrollos inmobiliarios), 1400 millones de dólares.
La cuota de la prepaga es grande y pisa fuerte
Uno de los sectores favorecidos por el extravagante DNU 70 fue el de las compañías de seguros médicos. El desastre provocado es de tal magnitud que la Secretaría de Industria y Comercio terminó dictando una "medida de tutela anticipada", que las obliga a reajustar, a partir de la próxima facturación, los valores de las cuotas de los planes de salud teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor.
Es poco probable que los clientes recuperen lo pagado en exceso por el ajuste desmedido de estos meses. Los aumentos seguirán vigentes y serán tan impagables para muchos como ahora.
El economista Emmanuel Álvarez Agis explica que a partir de este decreto sin necesidad ni urgencia el sector de medicina prepaga dejó de estar regulado por la Superintendencia de Salud y quedó en libertad de fijar precios. Como consecuencia de meses de precios subiendo por debajo de la inflación y medicamentos que aceleraron las subas, en los primeros meses del gobierno de Milei se registró un incremento de la relación entre cuotas y salarios.
Indica que el gobierno de Alberto Fernández pospandemia generó una abaratamiento de la medicina prepaga, llevando la relación cuota/salario al rango del 10%-12%. Luego del DNU de desregulación de la economía de Milei esta métrica alcanzó máximos históricos de 16,5%. Calcula que la intención de subordinar los aumentos de prepagas a la dinámica del IPC implica retroceder al 13%.
De acuerdo a lo relevado por el IPC-Indec, el aumento acumulado para la medicina prepaga entre enero-marzo de este año fue de 100% y para el salario fue 51% y la inflación general fue 52%. Para agregar que un retroceso de las cuotas a los valores del 10 de diciembre del año pasado podrían implicar una reducción del IPC de entre -0,3 y -0,5 puntos porcentuales.
La salud como derecho
El conflicto abierto con las compañías de seguros médicos deja al descubierto, para quienes les preocupa el acceso a la salud de la población -no es el caso del gobierno de Milei-, la necesidad de abordarlo en una dimensión más amplia que el tarifario de las prepagas.
El libro La salud sí tiene precio, de la editorial Siglo XXI, reúne textos de varios expertos que colaboran para comprender la complejidad del sector y la necesidad de replantear una transformación integral para dar respuesta a las crecientes demandas de la población.
Aquí se ofrece, para ampliar un debate imprescindible pese al gobierno de Milei, ideas, conceptos y propuestas que exceden la crisis inmediata de las prepagas. Resulta necesario empezar a pensar por fuera de la pecera tóxica libertaria.
En el prólogo, el sanitarista Enio García apunta que el análisis económico de la salud exige asumir que la inequidad no es un fenómeno natural, que el Estado tiene un papel decisivo para reducirla o aumentarla y que se pueden utilizar herramientas con orígenes teóricos diversos para analizar la realidad y transformarla.
Propone la salud como un derecho y no sólo desde una dimensión individual, familiar, como algo que las personas deben resolver por sus propios medios, sino que, por el contrario, es necesario un Estado que intervenga, organice y garantice un piso de igualdad en el acceso a la prevención, los tratamientos y la recuperación.
Define entonces que "la salud sí tiene un precio, que es el costo de los medicamentos, las prácticas y tecnologías sanitarias", y que se requiere "discutir la economía de la salud en clave política, desde una perspectiva crítica opuesta a la lógica neoliberal, que entiende el campo de la salud en términos puramente mercantiles y asistencialistas".
Barreras y precios en el acceso a los servicios de salud
En el capítulo "La salud como sistema y como campo", Mario Rovere, Leonel Tesler y Nicolás Kreplak, explican que "visto desde un plano abstracto, la lógica de mercado aplicada al sistema de salud parecería ideal: la población demanda servicios y el sistema los provee de la forma más eficiente posible. Un primer problema es que ni todas las necesidades se pueden transformar en demanda, ni todos los satisfactores surgen sólo para demandas previamente existentes".
Dicen que, parafraseando a Evita, cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver un problema de salud, nace un derecho, pero advierten que el acceso a los servicios se puede ver impedido por dos tipos de obstáculos: barreras y precios.
Para precisar que las barreras son estructurales y pueden ser económicas, idiomáticas, geográficas o administrativas, mientras que los precios suelen ser fluctuantes y funcionan como dispositivos de administración de la relación oferta/demanda y constituyen un esfuerzo de las personas para acceder al sistema de salud.
El mapa del sistema de salud
En el texto "El sistema de salud argentino: consideraciones desde una mirada de la economía política", Ariel Lieutier, María José Luzuriaga, Enio García y Eduardo Pérez, ofrecen la descripción del sistema de salud argentino, base para analizar con rigurosidad su problemática y deficiencias de arrastre.
Detallan que está conformado por un complejo entramado de actores y relaciones, muchas veces superpuestos y que está dividido en tres subsistemas: público, de la seguridad social y privado.
Esta clasificación refleja la fragmentación del sistema.
El del sector público está integrado por redes nacional, provincial y municipal, comprende 1554 establecimientos de salud con internación y financiamiento público y cerca de 8000 centros de atención primaria.
El subsector de la seguridad social tiene unas 300 obras sociales nacionales que cubren alrededor de 14 millones de afiliados. El 5% concentra el 54% de los afiliados. Existe también un conjunto de instituciones en las que el sector público tiene injerencia (en muchos casos, directa), como son las 24 obras sociales provinciales y el PAMI.
El sector privado está conformado por clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnósticos, empresas de producción y/o comercialización de insumos médicos y empresas de medicina prepagas, que en la actualidad son alrededor de 500.
Cinco de ellas (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y Medicus) concentran el 70 por ciento de los afiliados. Este subsistema presenta una gran heterogeneidad en términos de cantidad de afiliados, calidad y cantidad de prestaciones, red de prestadores, existencia o no de efectores propios, modelo de gestión y esquema de negocios, entre otros aspectos.
Fragmentación, concentración y asimetría
Los investigadores detallan que la primera característica saliente de esta forma de organización del sistema de salud es la fragmentación, que convive con otra: la concentración.
A pesar de la atomización de actores, hay una distribución muy desigual tanto de recursos como de población atendida por unos pocos actores. Esto determina la tercera característica del sistema: las profundas asimetrías entre los diferentes actores.
Recomiendan entonces que la capacidad del Estado para intervenir con políticas públicas de salud tiene que partir de reconocer estas tres características.
La población cubierta por seguros privados comercializados por empresas de medicina prepaga, según el censo 2010, alcanza a 6,2 millones de personas, de las cuales el 67% son afiliados indirectos, es decir, que acceden a la cobertura a través de una obra social por el desvío de aportes, desregulación implementada en los noventa. Este traspaso de afiliados desfinanció principalmente a las obras sociales con menores recursos.
Aconsejan que cualquier estrategia sanitaria desde el Estado que no tome nota de lo fragmentado, concentrado y asimétrico, pero a la vez lo interconectado del sistema, tenderá a reproducir estas características que le restan efectividad. Para concluir que "cualquier iniciativa que no asuma la multiplicidad de actores y sus particulares intereses, que coexisten y actúan simultáneamente, está condenada al fracaso".
Derecho versus lucro
Otro texto esclarecedor del libro es "La tecnología sanitaria y la falacia del mercado imperfecto" de Daniel Gollan y Nicolás Kreplak. Apuntan que "con un sistema de salud profundamente fragmentado y segmentado después de un largo proceso de debilitamiento progresivo del Estado en su capacidad de ordenarlo y dirigirlo, se va instalando el mercado como organizador del lucro, no del derecho".
Afirman que en consecuencia sería irracional pretender que fuera de otro modo porque el lugar que abandona el Estado lo ocupan decenas de actores con capacidad de incidir profundamente en las decisiones de políticas de salud, de promoverlas, de sostenerlas, de condicionarlas, de boicotearlas y de generar aceptación o rechazo a nivel público. "Estos cuentan con un fuerte poder de lobby sobre la política e incidencia sobre los medios de comunicación", sentencia Gollan y Kreplak.
Explican que la puja de estos actores por una porción de los recursos finitos disponibles para salud produce un aumento innecesario del gasto, no solo por los factores de ineficiencia por precios altos de los medicamentos o por uso excesivo de la tecnología, sino por la propia desorganización del sistema, que a esta altura parecería estar bastante organizada por esos actores lucrativos.
El conflicto por las tarifas de las prepagas es apenas un problema de un sistema de salud caotizado. El gobierno de Milei no tiene idea de cómo abordar esta complejidad. Se presenta la oportunidad de comenzar a pensar cómo intervenir en un área tan sensible para la población cuando llegue, tarde o temprano, otro momento político.
