A nueve meses de haber simulado una quiebra, que los peritos estiman en más de 60 millones de dólares, finalmente fue detenido Alejandro Muszak, el titular de la fintech Wenance. Se encuentra alojado en la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DDI) de Vicente López, a la espera de la declaración indagatoria.

La orden fue librada por el fiscal de San Isidro, Alejandro Guevara, en el marco de una nueva demanda penal iniciada por un grupo de casi cien damnificados en el fuero penal de San Isidro, patrocinados por el estudio De Leonardis, un estudio tradicional de ese distrito.

La demanda es parte de una estrategia alternativa ante el reiterado rechazo de medidas solicitadas tanto por querellantes como por la fiscalía interviniente, por parte de la jueza subrogante en el Juzgado 43 de la ciudad de Buenos Aires, Paula González, cuya actitud contrasta con la celeridad de Guevara.

González recibió la causa en calidad de subrogante de ese juzgado. Su período concluyó con la feria y el juzgado se volvió a sortear. Quien salió sorteada, la integrante del Consejo de la Magistratura María Alejandra Provítola, se excusó y el siguiente sorteo volvió a favorecer, curiosamente,  a González.

Wenance es la empresa fintech que prestaba dinero por internet a sectores no bancarizados de la población a altas tasas, operación por la que fue varias veces denunciada por violar la Ley de Defensa del Consumidor. En julio de 2023, su titular Alejandro Muszak decidió dejar de cumplir sus obligaciones con inversores, proveedores y empleados.

En el expediente consta que Muszak realizaba intermediación financiera sin autorización del Banco Central, porque tomaba fondos de terceros, y que llegó a vender hasta seis veces un mismo título o valor de deuda financiera, en lo que constituye un típico esquema Ponzi. Por estos motivos, los peritos hablan de quiebra fraudulenta, a pesar de la deliberada demora de la justicia en resolver.

Las empresas fintech, apócope de finance technology, como Wenance tienen escasísimo control por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), debido a que la ley de entidades financieras todavía vigente, sancionada por la última dictadura cívico militar, los desmanteló para facilitar todo tipo de negocios.

Para la normativa, Wenance califica como una prestadora de crédito no financiero, al igual que numerosas mutuales y cooperativas. Amparado en ese vacío, Muszak hizo crecer su operación con prácticas ilegales, que en cualquier entidad debidamente controlada por el BCRA, hubieran sido tempranamente detectadas. 

Curiosamente, casi en simultáneo con la detención del financista, uno de sus defensores, Javier Armando Lorente, acaba de ser designado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como representante argentino ante la Comisión de las Naciones Unidas en Dereco Mercantil Internacional (Cnudmi).

Los rechazos de González

A lo largo de estos nueve meses de instrucción, fuentes con acceso al expediente cuentan la negativa a peritar los teléfonos celulares, tanto de Muszak como de sus principales colaboradores, Paola Vallone y Pedro Viggiano, a prohibir innovar en las cuentas bancarias de la empresa, a cancelar las CUIT, tanto de Wenance como de las empresas asociadas.

González también se negó a clausurar las cajas de seguridad de Muszak y a investigar a la sociedad GIRE- Rapipago, que aún después del default, siguió transfiriendo el producto de la cobranza de los fideicomisos a Muszak y a dictarle prisión preventiva.

Como consecuencia de esta actitud, que le valió a González varias quejas por retardo de justicia y pedidos de recusación, un grupo de unos cien inversores, patrocinados por la doctora Marcela De Leonardis, inició una nueva demanda por estafa en San Isidro, que recayó en el Juzgado N°1, a cargo del juez Andrés Martín Mateo.

San Isidro era, al menos en lo Civil y Comercial, una plaza judicial amigable para Muszak. Fue allí donde solicitó el concurso preventivo, que le fue negado en primera instancia por la titular del Juzgado N°9, Gabriela Paladín, pero otorgado posteriormente por la cámara que integra la jueza María Fernanda Nuevo.

La expectativa de los demandantes es que, probada la existencia de dolo, podría caerse el concurso, cuya apertura ya fue dispuesta: esa comprobación pondría en riesgo cualquier tipo de acuerdo concursal. La quiebra fraudulenta se encuentra tipificada en el Art. 176 del Código Penal.

A la vez, suponen que la jueza González intentará concentrar todas las demandas contra Muszak, invocando el principio de "fuero de atracción", aunque hasta ahora no se pronunció al respecto.

Las víctimas

Entre los damnificados, especialmente los pequeños inversores, se viven situaciones dramáticas. En muchos casos perdieron los ahorros de su vida, o le confiaron a Muszak indemnizaciones laborales, con el objetivo de resguardar sus ahorros de la inflación. Ahora, en plena recesión, se encuentran sin esos recursos, indispensables para sobrevivir.

En los chats trascendió el caso de una mujer que necesitaba de su dinero para hacer frente a la renovación del alquiler de su vivienda. Ante la falta de respuesta de las colaboradoras de Muszak, se enfrentaba a un inminente desalojo.

Otro trabajaba como chofer de una aplicación, pero su vehículo se fundió y necesita de sus ahorros para pagar la rectificación del motor. Mientras eso no ocurra, no tiene forma de ganarse la vida. El caso más dramático fue el de un técnico de Telefé, muy querido por sus compañeros, que se quitó la vida. 

Muszak había armado una red de comerciales que convencían a la gente de invertir con él. Por lo general, empezaban por su círculo más íntimo y también le confiaban sus propios ahorros. Los que desarrollaron ea tarea, además de perder sus ahorros, son culpados, y en muchos casos amenazados, por sus familiares y amigos, a quienes arrastraron a la bancarrota.

El frente internacional

En simultáneo, el Banco Central de Uruguay (BCU), país donde Muszak es demandado por 300 inversores por un monto de 7,5 millones de dólares, ordenó el cese de operaciones de la firma, que nunca contó con una autorización legítima a tal efecto.

En la misma circular, el BCU sanciona a la empresa con una multa de 13 millones de unidades indexadas, actualmente equivalentes a casi 80 millones de pesos uruguayos o 2 millones de dólares.

En la justicia española, Abuntia, la marca bajo la cual operaba Wenance en ese país, tenía hasta la semana pasada para reunir y acreditar el apoyo a su plan de reestructuración de dos tercios de los acreedores. Con ese objetivo, les envió una catarata de emails, solicitando su apoyo y firma, con distintos argumentos. Todavía no hay comunicación oficial del resultado de esa gestión.