Berenice Gonzálvez tenía 23 años. Tenía un hijo de 4. Vivía en Victoria, una ciudad de 40 mil habitantes separada (y unida) por el río Paraná con Rosario. El jueves 25 de enero se iba a ir a dormir, pero una amiga, Zaira, la convenció de salir. Y la llevó a una casa donde no había ninguna fiesta. A Berenice la violaron y drogaron, en el pueblo se asegura que hubo más de un agresor. Salió de la vivienda descompensada, la internaron y debieron trasladarla a Paraná por la gravedad del cuadro. Murió el viernes por la noche por una falla multiorgánica. La movilización masiva y espontánea, el sábado, en esa localidad, convocó al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien llegó a la ciudad con el viejo truco de culpar a la víctima. Se centró en el consumo problemático, sin decir nada sobre quién se lo suministró y cómo. “No hay consentimiento si la persona no tiene uso de su razón producto del consumo de sustancias”, se limitó a decir sobre la hipótesis policial y habló de "brote psicótico". “Fue muy chocante, porque el ministro justificó lo que pasó, diciendo que se drogó. A mi sobrina se la drogó, la violaron porque se la drogó, los golpes que tenía mi sobrina se debieron a que salió de la casa, cuando se logró escapar, salió a pedir ayuda, golpeó en distintas casas y nadie la ayudó, se trepa a las rejas de una escuela, y dijo que todos los golpes fueron por eso. El ministro se tendría que haber mantenido en silencio, porque todavía no estaba la autopsia”, expresó Luis, el tío materno de la joven. 

El lunes, nuevamente, hubo masiva movilización en los Tribunales de Victoria. Después del reclamo popular, los fiscales Iván Yedro y Gamal Taleb confirmaron que hubo abuso sexual agravado. La amiga -en estado de vulnerabilidad- está detenida por haber entregado a Berenice a cambio de drogas. El otro detenido es Daniel Castañeda, de 46 años. “Tiene que haber más detenidos, no sólo en Victoria”, expresó Luis. Aseguran que participó más de una persona.

“Se dice pueblo chico, infierno grande. Se conocen todos. En Victoria hubo muchos abusos, muchas violaciones, y hasta el día de hoy los violadores están en libertad, con condena”, subrayó el tío de Berenice. Justamente, el colectivo de Madres Protectoras acompaña 32 denuncias por abuso sexual, en su gran mayoría intrafamiliar, para que se agilicen en la Justicia. Alejandra Albornoz integra la organización, que se fundó en agosto de 2022 después de que su hija fuera abusada. Sobre el accionar judicial, asegura que “directamente se encajonan los casos. Hay nueve casos que hicimos salir del cajoncito cuando las mamás se comunicaron con nosotros, y que tenían 5 años de antigüedad, así que tuvimos que actuar para volver a moverlos”. Entre las estrategias para lograr que las causas avancen, Madres Protectoras pega afiches en la plaza San Martín con las fotos de los acusados.

“Es una lucha tremenda que tenemos con los fiscales y también con las madres, que a veces dejan de creerles a las hijas. Hubo tres casos en los que las madres intentaron retirar la denuncia, teniendo una cámara gesell positiva, ellas insistían en retirar la denuncia pero me presenté yo”, cuenta Alejandra, y sabe lo difícil que es lograr que se hagan las cámara gesell porque les dicen que “no hay fondos”. Justamente, la inacción judicial acorrala a las madres de niñxs abusadxs. “Venimos luchando en esos casos porque la justicia exige a la madre vinculación del nene o la nena con el padre, aunque estén denunciados por abuso. Luchamos mucho con las madres, para que no se den por vencidas”, agrega.

Emergencia

“Lo venimos diciendo cada 8 de marzo, cada 3 j , tenemos que declarar la emergencia por violencia de género en Victoria, no tenemos Casa de la Mujer con protocolo, hoy no tenemos Área de la Mujer en este gobierno que asumió el 10 de diciembre y supuestamente es compañero”, enumeró Ana Julia Bustos, del colectivo Ni Una Menos y Taller Flotante, dos de las organizaciones que integran Río Feminista. Sobre las falencias estatales, enumera que el área de la mujer está desfinanciada, que no hay programas municipales para abordar la violencia hacia mujeres e infancias, que no existe trabajo en salud mental de jóvenes y adolescentes. “Es la complejidad de un pueblo que tiene todo para ser potencia, pero derrocha sus recursos, no los coordina, desconoce la capacidad que tiene su pueblo, las organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante proyectos, propuestas”, plantea la activista.

La intendenta actual, Isa Castagnino, fue electa por la lista Más para Entre Ríos. “Hagámonos cargo de que todos funcionan así, arman equipos de funcionarios de gestión que no saben de qué están hablando. Tenemos 32 abusadores, violadores sueltos en Victoria, que si no fuera por las Madres Protectoras nadie los conocería”, sigue Bustos. Por eso le pide a la intendenta que “se ponga al frente de un plan de gestión” para atender y prevenir la violencia hacia mujeres y niños.

“El gobierno municipal anterior tenía un abusador trabajando ahí y sin embargo nunca se le hizo nada, siempre fue apañado, y tenía más de una denuncia”, recuerda Alejandra, en referencia a Pedro Mansilla, que fue acusado por empleadas de la Municipalidad de abuso de poder y acoso laboral durante la pandemia. Las dos gestiones anteriores en Victoria pertenecieron a Juntos por el Cambio, mientras la provincia era gobernada por el peronismo. Ahora se da la situación inversa.


Consumidos

La cuestión de los consumos es acuciante, pero dista de ser una decisión individual. “Acá en Victoria son habituales esas famosas fiestas, donde empiezan a llevar chicas de a poco y las terminan involucrando en el consumo, abusando de ellas”, dice Alejandra, que además de ser una de las ocho integrantes de Madres Protectoras es empleada en la seguridad del Casino de Victoria.

“Nos involucramos en todos los ámbitos, porque digamos la protección a los chicos no es solamente por un abuso, tenemos que protegerlos de mil maneras, y una de esas cosas es el consumo de droga, vemos criaturas cada vez más chicos consumiendo en las esquinas, como si estuvieran haciendo cualquier cosa”, sigue Alejandra, que apenas se enteró de la muerte de Berenice se puso a disposición de la familia, juntó dinero para viajar a Paraná (la capital de Entre Ríos) y acompañó cada reclamo.

Sofía de Luca es referente territorial y acompaña a las víctimas. “Que hayamos tenido dos femicidios en menos de cuatro años es un montón en la historia del pueblo, y también que tengamos más de y también que tengamos más de 30 casos de abusos sexual”, afirma De Luca. Antes de Berenice, el 15 de marzo de 2021, fue asesinada Noelia Soledad Almada, en la misma localidad. La presión popular logró que se llegara a juicio por jurados y, en agosto de 2022, Claudio Paeras fue condenado por femicidio.

Si los 74 kilómetros que separan a Victoria de Rosario tienen alguna influencia sobre la situación actual de la ciudad, es una pregunta que no tiene respuestas fáciles ni directas. “No tenemos las herramientas para enfrentar esta ruta que nos interpela, el puente Rosario Victoria, donde todo lo que pasa por ahí puede establecerse y quedarse en la ciudad”, dice Diana Campos, de Taller Flotante y Paula Ruiz Díaz, del mismo espacio, plantea que “no se desconoce que hay un brazo que ha cruzado el río, lo que significa que el crecimiento del narcotráfico sea una exclusividad pura de la cercanía a Rosario, hay otras cuestiones que no están funcionando, es un pueblo chico, tranquilamente se podría controlar de mejor manera”. Lo que tiene claro es que “ya no es un lugar de consumo solamente, ni un lugar de paso solamente. Corre el run run en toda la ciudad de quiénes están, dónde están”.

Alejandra interpone que el puente a Rosario “es un brazo, pero esa parte está más controlada y tenemos lugares en Entre Ríos, que son pueblos más chicos, donde hay mucha más droga, sin control. La falopa siempre fue furor entre la gente de poder, ahora está llegando a los pibes más humildes”, dice con la experiencia de sus 52 años. “Antes el consumo de drogas era algo de ricos”.

El entramado se hace denso, ya que los consumos y la impunidad de los delitos sexuales se entrelazan. “Uno de los blancos más vulnerables son las infancias y las preadolescencias, ante esta rotura del tejido social. No hay políticas de estado ni intenciones de que las políticas de estado reales empiecen a generar herramientas, en cualquiera de los colores que nos han gobernado. Las expectativas a nivel nacional y provincial no son para mi punto de vista las mejores, porque van a seguir dejando sin respuestas a los más vulnerables, sin generar un marco de derechos y sin construir posibilidades”, afirma Campos. 

Todo ese sustrato de violencia y ausencia del Estado es lo que lleva a Campos a reflexionar, a raíz de las declaraciones de Roncaglia. “Desvió lo que se plantea de que eran más de dos o de tres quienes abusaron de Berenice. Dijo que el lugar era tan chiquito que no podían estar dos o tres personas, cuando es un secreto a voces en el pueblo que hubo varios involucrados en la violación. Sabemos cómo se manifiestan o se abordan las violaciones en manada, que el espacio donde estuvo Berenice es utilizado a menudo”, expresó, y lamentó las actuaciones del gobierno provincial. “Con la llegada del ministro se empieza a desviar la información”.

La cuestión de fondo que plantea Campos es que “Berenice, tanto como Soledad, eran mujeres jóvenes, cómo finalizaron su vida es un ejemplo de cómo la sociedad no le da ninguna oportunidad a los jóvenes”. Con una historia laboral docente, considera que “se agudiza el quiebre del tejido social que hay en Victoria hace más de 20 años, donde las instituciones públicas del estado no han podido dar respuestas a la reconstitución de un tejido social después de 2001”.

Lo que falta son "las prácticas reales territoriales para poder abordar lo que nos está sucediendo”. Para los pibes de Victoria, las opciones laborales son trabajar como mozo, sin estar registrado, en algún carrito de la costanera, hacer changas como albañil, esperar la ayuda de algún político, pescar, o ser peón de campo. Para las chicas, limpiar casas o ser niñeras. Las ofertas de formación están marcadas por el empleo público, como la docencia. Y Victoria ha recibido mucha migración de personas que se trasladaron desde Rosario, o desde Buenos Aires, casi como un plan de casa de fin de semana, o permanente pero “con cuestiones muy resueltas”.

Fuerza colectiva

Lo que también existe en Victoria es un robusto entramado comunitario que genera otro tipo de acompañamientos y respuestas. Con el femicidio de Noelia Soledad Almada, Río Feminista se organizó para contratar a abogadas de Paraná. Para pagar los honorarios vendieron canelones y organizaron distintas actividades. Ana Julia vive en Victoria hace algunos años, pero es de Buenos Aires. “Hay que rescatar el trabajo colectivo, comunitario de algunas organizaciones, como Taller Flotante, cuidadoras de la casa común, que tienen una idea fuerza de pensar cómo se convoca la producción, las fuerzas de producción colectiva, comunitaria, que ponen en valor el territorio de acá, la orilla, el río, y cómo se pueden impulsar y desarrollar alternativas de vida para las juventudes, ahí el desafío de cómo seguir construyendo viene del lado de las organizaciones de la sociedad civil y no es visto por el estado”, dice la activista, quien señala también a los grupos de carnaval. 

“Existen organizaciones que desarrollan estrategias, y el estado sigue funcionando sin aprovechar, sin conocer todo ese potencial, esa organización victoriense. Es un pueblo que tiene toda esa capacidad, toda esa belleza, toda esa alegría, la capacidad de trocar tristeza por alegría”, asegura. Y como contrapartida, las “lógicas patriarcales que se siguen reproduciendo desde el siglo 19 a la actualidad, que vienen de las estancias, como vemos en la casa que llevaron a Berenice, y era su única alternativa de estar en algún lado y estar viva, estar ahí consumiendo y estar con esos patrones y con los hijos de los patrones que estaban abusando de ella”.