El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por Javier Milei, que entró en vigencia el 29 de diciembre. Esta medida, según Quintela, genera perjuicios irreparables a los derechos y valores fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Quintela plantea un trámite directo ante el más alto tribunal por ser un tema de competencia originaria de la Corte, respaldado legalmente por Eugenio Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra. Busca también una medida cautelar para suspender los efectos del decreto hasta que se resuelva definitivamente la cuestión de fondo. En su reclamo, Quintela enfatizó que el DNU atenta contra el federalismo y la institucionalidad republicana, y vulnera derechos laborales, sociales, económicos y culturales de la sociedad argentina.
El mandatario riojano afirmó que la presentación ante la Corte representa un llamado a preservar el estado de derecho y fortalecer los pilares de la democracia, señalando que este es el primer recurso presentado ante el máximo tribunal contra el DNU, el cual ya había sido objeto de impugnaciones en instancias judiciales inferiores.
En el escrito presentado ante la Corte, se destacó la gravedad institucional del DNU, señalando que supone una asunción indebida de funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo, lo que contraviene la estructura de pesos y contrapesos esencial en la República. Se enfatizó que esta acción representa un intento de demolición del orden jurídico argentino sin precedentes en la historia constitucional del país, afectando la forma republicana de gobierno y la orientación democrática del Estado.
La Corte Suprema de Justicia recibió la demanda de Quintela, pero pospuso su pronunciamiento hasta después de la feria judicial de enero. La decisión de la Corte tomada a menos de 12 hs. de su presentación dice: “A fin de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación" y está firmada por el secretario Alejandro Daniel Rodríguez, a cargo de la Secretaría de Juicios Originarios. Mientras tanto, el DNU continúa vigente, generando controversia y movilizaciones en diferentes sectores sociales y políticos. El rechazo popular se manifestó a través de cacerolazos espontáneos y marchas de organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores de la sociedad civil.
“La Corte adoptó su decisión en menos de 12 horas. Las decisiones de los jueces de la Corte conocidas hoy significan una tarea institucional muy valorable del más alto tribunal de Justicia por su prontitud y determinación jurídica”, dijo Ferreyra y sostuvo que “al ser aceptada la provincia en el ‘carácter invocado’ ello llevaría a pensar ‘prima facie’ que hay espacio institucional para discutir constitucionalmente en competencia originaria de la Corte los vicios manifiestos del DNU 70/2023″.
El próximo paso en el proceso legislativo es la revisión por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, donde se evaluará el fondo y la forma del decreto. Si ambas cámaras no lo tratan, el DNU permanecerá en vigencia, y solo será anulado si es rechazado tanto por Diputados como por el Senado. El Ejecutivo incluyó el mega decreto en la Ley Ómnibus, buscando asegurar la aprobación de las reformas por otra vía, mientras la disputa legal continúa su curso.
