Todos los archivos guardan secretos. Más aún los que pertenecen a las Fuerzas Armadas, responsables de ejecutar la represión durante la última dictadura. Argentina está por cumplir 40 años de ejercicio democrático. En las últimas décadas, avanzó mucho en la reconstrucción de la verdad gracias a la labor de los organismos de derechos humanos y también de la mano del proceso de justicia que ya lleva casi 17 años ininterrumpidos tras la reapertura de los juicios contra los genocidas. Pero todavía es mucho lo que resta saber. Para armar el rompecabezas de las estructuras represivas, la detección de los nombres de los perpetradores e incluso alguna información de las víctimas, hay un trabajo silencioso y muchas veces desconocido de quienes como orfebres reconstruyen esa información: los equipos de relevamiento y análisis documental que funcionan dentro de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
El Ejército tiene su archivo general en la calle Defensa al 600 en pleno barrio de San Telmo. La construcción es enorme y el único indicador de que se trata de un lugar militar suelen ser los efectivos que hacen guardia en la puerta con sus uniformes. En una sala amplia de la planta baja, funcionan los equipos de relevamiento creados para contribuir al proceso de verdad y justicia.
En enero de 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4/2010 que relevaba de la clasificación de seguridad toda la documentación de las fuerzas armadas referida al período 1976-1983. A partir de esa decisión presidencial, se conformó el primer equipo de relevamiento en el Ministerio de Defensa que debió entrar a bucear en los archivos de las fuerzas armadas para entender qué información guardaban y cuánto de eso podía contribuir al avance de las causas de lesa humanidad que, por entonces, caminaban a paso lento en los tribunales de todo el país.
La experiencia de Defensa después se replicó en el Ministerio de Seguridad de la mano de la ministra Nilda Garré. Durante el gobierno de Mauricio Macri, esos equipos se desmantelaron –en el caso de Seguridad– o se redujeron a su mínima expresión –en el caso de Defensa–.
“Se hizo todo lo posible por debilitar este trabajo y reducir la cantidad de personal”, le cuenta a Página/12 Eduardo Jozami, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que destaca el empeño de los trabajadores y las trabajadoras para sostener las tareas.
Antes del ascenso de Macri al gobierno, los equipos de relevamiento habían llegado a tener 16 personas: el Ejército, por su rol predominante en la represión, llegó a concentrar a siete investigadores e investigadoras para analizar sus documentos. En general, el macrismo definía todo lo vinculado a derechos humanos como un “curro”. En Defensa se justificó su desguace diciendo que se trataba de un “kiosco”. La consecuencia directa de eso fue las investigaciones se demoraron y que las respuestas a los requerimientos de los juzgados o tribunales se volvieron mucho más lentas.
“Cuando asumimos con Eduardo esta gestión, el equipo tenía cuatro personas nada más. Teníamos a cuatro investigadoras e investigadores para responder todos los oficios de lesa humanidad de todo el país. Hubo una decisión ministerial de rearmar los equipos, reincorporar a los despedidos y traer gente nueva”, apunta Mariana Maurer, directora de Memoria Histórica y programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
La recomposición de los equipos fue un pedido que hicieron los organismos de derechos humanos tanto a Agustín Rossi como a Jorge Taiana cuando estuvieron al frente de la cartera de Defensa. Entre los militantes de derechos humanos persiste el reclamo de poder acceder a la documentación de inteligencia, el verdadero cerebro de la represión y cuyos integrantes rara vez han sido tocados por el brazo de la justicia.
Cómo funcionan los equipos
Los equipos de relevamiento y análisis documental se dividen por fuerzas: hay quienes estudian cómo funcionó el Ejército en esos años; otros se concentran en la Armada y un tercer grupo se aboca a la Fuerza Aérea. Hay especialistas en comunicación, historia, sociología, derecho, antropología y trabajo social entre quienes trabajan con los archivos.
“Tenemos dos grandes líneas de trabajo”, explica Vanina Agostini, coordinadora de los equipos. “Por un lado, está la respuesta a los requerimientos judiciales –que es la razón por la que se crearon los equipos–; por el otro, los proyectos especiales”, agrega.
En los doce años de trabajo, los equipos confeccionaron más de 150 informes para ser incorporados a causas judiciales. Entre ellos, por ejemplo, el que Página/12 publicó recientemente, que mostraba cómo la Armada conformó una comisión para borrar los rastros de sus crímenes. Estos informes involucran el relevamiento de más de 17.000 legajos pero también de otros tipos de documentos como historias clínicas o libros históricos de las unidades militares.
Dentro de los proyectos especiales está la desclasificación que se está completando sobre la guerra de Malvinas –que es material que se analizó inicialmente a pedido para avanzar con la causa sobre las torturas, que está frenada y espera una resolución de la Corte, pero también como hecho histórico por los 40 años del conflicto bélico–. También están las actas de la Junta Militar del período 1971-1973, que se dieron a conocer al cumplirse 50 años de la Masacre de Trelew, o las que se hallaron en 2013 en el edificio Cóndor.
Ese hallazgo fue tan voluminoso que aún se están analizando los materiales. Una de las expectativas es que para los 40 años de democracia –que se cumplirán el próximo 10 de diciembre– se hagan accesibles para la consulta pública otros documentos que forman parte de ese fondo y que dan cuenta, entre otras cosas, de cómo la Junta intentó condicionar la salida democrática o garantizar impunidad de sus crímenes.
