En lo que va del segundo semestre de 2021, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 472 hechos de violencia institucional, en coincidencia con el más grave de todos: el homicidio de Lucas González, el chico de 17 años que jugaba en Barracas Central. Los datos corresponden a un informe del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de CABA, al que tuvo acceso Página/12. Fuentes del MPD señalaron que en la Ciudad “hay muchísimos hechos cotidianos de violencia institucional, tal vez no tan graves, que no se conocen porque no aparecen en los medios de comunicación”. Además de los casos citados, está en estudio un hecho similar a lo ocurrido con Lucas, contra chicos que circulaban en un auto por la ex Villa 31 y en el que también intervino una brigada de civil.

“La realidad --insistieron las fuentes-- es que los casos más graves son la parte visible de un problema que ocurre todos los días en la Ciudad”. Los casos “tienen siempre un sesgo, que tiene que ver con que las víctimas sean jóvenes, morochos o por la identidad de género o por el lugar donde viven”. Los casos le llegan al MPD por ser el órgano judicial de la Ciudad que “aporta abogados para los que no tienen abogado”. Los casos llegan cuando representan a personas detenidas por la Policía de la Ciudad y también, aunque en menor medida, por denuncias espontáneas de los damnificados.

Los 472 casos mencionados en el informe fueron registrados desde el 1º de julio al 19 de noviembre de este año. El promedio indica que ocurrieron “94 hechos por mes y más de 3 hechos por día”. El 56 por ciento de los casos ocurrieron durante el día y el 44 por ciento durante la noche.

Las comunas del sur de la Ciudad son las que concentran la mayor cantidad de hechos de violencia institucional. La Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) 18%; Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) 17%; Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios) 15 %. Las Comunas 1, 4 y 8 concentran el 50% de los hechos de violencia institucional del período analizado.

El contexto principal de las situaciones de violencia institucional se da “con personas haciendo uso del espacio público de modo recreativo, con personas desarrollando actividades de subsistencia y las situaciones de detenciones en contexto de violencia de género”.

En el informe se asegura que la Policía de la Ciudad “fue identificada como autora de esa violencia institucional en el 90% de los hechos registrados”.

Se especificó que “en el 75% de los hechos hubo indicios de violencia física, en el 29% de violencia psicológica y en el 27% de otros tipos de violencia (discriminación, condiciones materiales de detención, falta de información, robo, irregularidades procesales, etc.)”.

Se aclaró que “los porcentajes superan el 100% porque hay víctimas que denunciaron hechos en donde sufrieron distintos tipos de violencia”, en el mismo caso denunciado. Sobre las víctimas, se dijo que “se observa que el 82% son varones y 18% son mujeres cis y trans”. Se especificó también que “el 82% son de nacionalidad argentina y 18% son de nacionalidad extranjera”. Además, “el 86% son habitantes de la CABA, el 13% de la PBA y el 1% de otras provincias”.

La edad promedio de las víctimas es de 33 años, “en un rango que va desde los 15 a los 65”. El 57% no completó la educación secundaria, el 65% atraviesa una situación laboral de vulnerabilidad (20% desocupados, 20% actividades de subsistencia y 25% ocupaciones informales”. Por si fuera poco, “al menos el 37% se encuentra en una situación habitacional de vulnerabilidad (17% situación de calle, 20% vivienda precaria)”. La mayoría de los casos analizados se produjeron durante detenciones realizadas por la Policía de la Ciudad argumentando que hubo “atentado o resistencia a la autoridad”, uno de los argumentos a los que recurrieron los tres policías detenidos por el homicidio de Lucas González.

El documento del MPD se denomina “Diagnóstico y estrategia para erradicar la violencia institucional” en CABA. Este tipo de datos comenzaron a ser registrados en 2015 por la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad (DAPPL) , a disposición del Poder Judicial de la Ciudad. Sobre esa base, la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional (SLVI) inició un proceso similar y produjo informes anuales para los períodos 2018 y 2019. Entre marzo y diciembre de 2018 se registraron 888 asistencias por detenciones por “atentado y resistencia a la autoridad”. Los casos de violencia institucional llegaron en ese período al 48 por ciento, mientras que entre enero y diciembre de 2019, hubo 1306 detenciones. En ese año, la violencia institucional fue sufrida por el 54 por ciento de las personas detenidas.

Otro de los “ítems” que evidencian el control social que ejerce la Policía de la Ciudad tiene que ver con la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal y con fines medicinales. “Una de cada diez personas detenidas por supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 fue privada de su libertad incluso cuando se advirtió que se trataba de tenencia para consumo personal”. Además, en muchas ocasiones, en las detenciones convalidadas por tenencia simple de estupefacientes la cantidad de droga secuestrada es escasa.

El modus operandi

La violencia institucional también es una constante en el barrio Padre Mugica de Retiro (ex Villa 31). En estos días, el MPD recibió la “denuncia espontánea” de los familiares de tres chicos, uno de ellos de 13 años, que fueron violentados y que podrían haber tenido el mismo fin trágico de Lucas Gonzàlez. Los pibes fueron interceptados, con la excusa de ser “sospechosos” de un supuesto robo, por los integrantes de una brigada de civil de la Policía de la Ciudad que se movilizaba en autos sin identificación.

De acuerdo con la denuncia, “lo que pasó es que los policías le cruzaron el auto, los hicieron bajar del vehículo en el que iban los chicos y los acusaron de ser autores de un robo, cuando en realidad no había sucedido ningún robo”. Los tres chicos fueron detenidos con esa falsa acusación y además “los golpearon y antes los policías los habían apuntado con sus armas, de manera que se pudo haber producido un hecho como el del chico Lucas González”.

Como el hecho ocurrió en el barrio donde los pibes viven con sus familias, “intervino para defenderlos la mamá de uno de los pibes y los policías también la golpearon a ella”. La denuncia está ahora en trámite para avanzar en la investigación para identificar a los responsables del operativo. “El caso pudo haber terminado como el de Lucas y entre los chicos había uno que tenía apenas 13 años”.