El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió este miércoles al presidente Alberto Fernández que “vuelva a foja cero” con el acuerdo que derivó en el traspaso de Edesur y Edenor a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Con el esquema regulatorio actual, la última palabra en lo que refiere a la definición de las tarifas de ambas distribuidoras quedaría en manos de la Ciudad de Buenos Aires a través del nuevo ente regulador bipartito. Por eso Kicillof quiere barajar y dar de nuevo. A su vez, el mandatario provincial confirmó que dejará sin efecto el último aumento de la tarifa eléctrica que autorizó María Eugenia Vidal en el interior de la provincia.

Traspaso polémico

El 28 de febrero, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y Vidal, firmaron un acta para avanzar con la transferencia de Edesur y Edenor a Ciudad y Provincia. El 9 de mayo se firmó el acuerdo definitivo como parte de un polémico acuerdo que contempló la condonación de deudas a las empresas. A comienzos de julio, la Legislatura de la Ciudad aprobó el traspaso y la provincia de Buenos Aires hizo lo mismo el 2 de octubre con un decreto firmado por Vidal.

Como parte de ese acuerdo se decidió crear un nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), organismo bipartito conducido por un directorio de seis miembros, tres puestos por la Ciudad y tres por la Provincia. Además, se estableció que en los primeros tres años la Ciudad designe al presidente, quien cuenta con voto doble en caso de embate. Los directores elegidos por Larreta fueron Héctor Falzone, como presidente, y Carlos Rivas y Fernando Galetto, como vocales.

El esquema deja la definición de la política tarifaria de Edesur y Edenor en manos de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de ello, Kicillof busca que se dé marcha atrás con el acuerdo. “Le hemos pedido al gobierno nacional que retroceda y deje sin efecto este intento de generar un ente al que ya le nombraron un presidente. El ente metropolitano que debería regular a las empresas, que todavía no está en funciones, que no está conformado, pero que después de las PASO nombró a un presidente. El 70 por ciento de los usuarios son de la provincia de Buenos Aires y el 30 por ciento son de la Ciudad de Buenos Aires, pero el presidente del ente es de la Ciudad de Buenos Aires. Le pido al presidente de la Nación que retrotraiga esta situación, que se vuelva a foja cero”, remarcó el gobernador.

Volver a foja cero significaría que Edesur y Edenor sigan dependiendo del gobierno nacional, pero no será fácil desandar el camino que se recorrió este año porque el traspaso ya se oficializó y fue refrendado por ambas jurisdicciones. Otra alternativa podría ser redefinir las condiciones del convenio con el visto bueno de Larreta para modificar la correlación de fuerza actual y darle más protagonismo a la Provincia. En caso de que no haya acuerdo, una tercera opción podría ser que cada jurisdicción tenga su propio ente regulador. En ese caso, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) ampliaría su área de influencia al conurbano bonaerense, pero Edesur y Edenor resisten ese esquema porque tendrían que rendirle cuentas a dos entes reguladores diferentes en una misma región, como es el área metropolitana.

Tarifas

Apenas tres días después de las elecciones, Vidal oficializó un nuevo aumento de la tarifa eléctrica de hasta un 25 por ciento para los usuarios residenciales de Edelap, Edea, Eden, Edes y 200 cooperativas que operan en el territorio bonaerense. Luego de aquel anuncio, Kicillof le pidió públicamente a la entonces gobernadora que dé marcha atrás con el aumento, pero como no obtuvo respuesta ahora fue el flamante gobernador quien le puso freno.

“Ese aumento lo vamos a dejar sin efecto. Y no lo digo porque haya voluntad de no respetar contratos. Tenemos que someter la situación a revisión. Por eso también convoco a las empresas del sector a trabajar en un esquema que sea justo, sostenible y razonable y que la gente, las empresas y los productores lo puedan pagar”, aseguró el gobernador.

Luego ofreció alguna pista sobre la política tarifaria que buscará imponer. "La Corte Suprema en un fallo del 2017 dijo que las tarifas tienen que ser razonables. Razonable es que la empresa tenga una rentabilidad adecuada, normal, pero también que los bonaerenses puedan pagar esas tarifas. Por eso digo, si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es saqueo", remarcó. "Hemos visto los balances de los últimos dos años de las compañías energéticas (reguladas por la provincia) y tuvieron alrededor de 20.000 millones de pesos de rentabilidad, de ganancia. No tiene lógica. Y las inversiones, con esa rentabilidad tendrían que haber sido notorias y no lo fueron", concluyó.