De cara al año electoral y esquivando la grave situación económica que atraviesa el país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió con su campaña punitivista para bajar la edad de punibilidad. Esta vez, con una amenaza lanzada como si el cambio del régimen penal juvenil fuera un hecho consumado. “A partir de los 15 años, si (un adolescente) comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, disparó la funcionaria en Neuquén, aunque la reforma es un proyecto que se presentará el martes próximo en el Ministerio de Justicia. Para ese día, la Red Argentina No a la Baja, un colectivo de organizaciones sociales, políticas y culturales, convocó a una movilización frente a la sede ministerial, a las 14, “para resistir un nuevo avasallamiento de los derechos de lxs pibxs”. En tanto la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, dijo a este diario que el anuncio de bajar la edad preocupa a la ONG porque “representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”.

La funcionaria a cargo de las fuerzas de seguridad federales viajó el jueves a la capital neuquina para manifestar su apoyo a la candidatura a gobernador del actual intendente Horacio “Pechi” Quiroga (Cambiemos), que el 10 de marzo competirá contra el actual gobernador Ormar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino y el representante del peronismo, Ramón Ríoseco.

En ese contexto, y a contramano de las estadísticas que indican la baja incidencia de menores de 16 años en delitos, la funcionaria afirmó:

“Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes. La norma tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, detalló.

Al respecto, Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn) e integrante de la Red Argentina No Baja, lo primero que señaló a PáginaI12 es que “la escuela no es un castigo sino un derecho”. Y agregó que “bajar la edad no es la solución, hay que trabajar en prevención a través de políticas públicas”, y remarcó que “esta ley es regresiva y peor que la actual”.

En el mismo sentido, el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano, advirtió que “es un proyecto que va contra la Convención de Derechos del Niño que tiene rango constitucional, y es difícil que se apruebe porque es claramente inconstitucional”. Además, explicó que en términos de seguridad “no resuelve nada porque estamos hablando de un número ínfimo de delitos. En la provincia de Buenos Aires –el sistema penal más grande– alrededor del 3 por ciento de los delitos son cometidos por menores de 18 años. De ese universo, los menores de 16 son entre un 5 y 7 por ciento. Es decir, de los 660 jóvenes entre 16 y 18 detenidos por delitos graves en la provincia, hay entre 33 y 46 menores de 16. Están haciendo una reforma estructural regresiva por 50 casos que deberían ser abordado por el Estado de otra manera”. Por otra parte, recordó que en la provincia a partir de una excepción de la ley procesal penal juvenil los menores de 16 pueden ser detenidos por una medida de seguridad, esto significa que quienes cometen un delito grave ya son detenidos por el sistema judicial.

En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía apuntó a las recomendaciones internacionales y sostuvo que “desde hace años Argentina viene siendo interpelada por los organismos internacionales de derechos humanos de la ONU y también por la Corte Interamericana a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”. Y remarcó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “llamó especialmente a los Estados a elevar progresivamente la edad de imputabilidad conforme al sistema de justicia juvenil hacia una edad más cercana a los 18 años y que, una vez elevada, garantice que no sea disminuida en concordancia con el principio de no regresividad”.